Nos encontramos ante el momento más importante de la actual crisis financiera: el gobierno está llevando a cabo las medidas más austeras de la democracia española y ultima los detalles del rescate a la banca. Y en este momento la sociedad quiere explicaciones. Explicaciones de por qué se dijo que no se subiría el IVA, la luz o el IRPF. De por qué negaron el rescate.  Pero parece que van a tener que esperar, pues el debate sobre el estado de la nación no se celebrará este año. Así de contundente lo afirmaban los miembros del gobierno de Mariano Rajoy mientras él, una vez más, se encontraba fuera de España. ¿Sus motivos? Que nunca se ha celebrado este debate antes de cumplir 365 días en el Gobierno. Pero, ¿son unos motivos justificados?

Desde el primer momento, el presidente del gobierno ha mostrado su apoyo a la canciller alemana Angela Merkel, imponiendo las políticas que desde la troika han sido aprobadas para salir de la crisis. En tan solo medio año se ha olvidado de su programa electoral, aplicando la idea principal del libro La tiranía del “Statu quo” (Milton y Rose Friedman, 1984): “Una nueva administración dispone de un periodo de seis a nueve meses para llevar a cabo cambios importantes; si no aprovecha la oportunidad de actuar con firmeza en ese periodo, no tendrá una segunda oportunidad igual”. Sólo valen las medidas adoptadas en Bruselas, y claro, ¿cómo va a responder ante el Congreso de algo que le han impuesto? No hay argumentos ni causas justificadas para realizar el debate sobre el estado de la nación y sin embargo, la oposición, a pesar de llevar las de perder por la mayoría absoluta del PP en el Congreso,  ya prepara una Proposición No de Ley para exigir su celebración, y evitar que el Congreso siga siendo una “sala de aplausos”, como declaró Izquierda Unida.

La actual política de Rajoy es una política que representa los intereses europeos, argumentando que es la manera de dejar atrás esta situación económica, pero a la vez está dejando de lado los intereses españoles. Esto se aprecia en el Congreso de los Diputados. De acuerdo con la Constitución,  el Congreso es una cámara de representación popular. ¿Esto quiere decir que la mayoría de españoles apoyan los intereses europeos? No. Esa mayoría apoyaba un programa electoral el cual parecía un cuento de hadas, pero que poco a poco se ha convertido en una novela de terror, aceptando la disminución de la calidad del estado de bienestar español, aunque con 183 escaños, seguirá imponiendo las medidas procedentes de la troika, sin opción a que el resto de españoles podamos rechazarlas o modificarlas.

Esto, claramente, supone una pérdida de la soberanía española.  La RAE define soberanía nacional como “La que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. La Constitución española delega la soberanía nacional “en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Supone una pérdida en primer lugar porque la economía española está a merced de los mercados financieros; en segundo lugar, al imponer las medidas de la troika; y en tercer lugar, al aceptar el rescate financiero y aceptar la tutela europea a la economía española.

Tampoco hay que extrañarse si el presidente del gobierno no quiere comparecer ante la cámara baja. Las medidas más polémicas adoptadas por su partido las han anunciado mientras él estaba ausente o detrás de las cámaras, siendo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría  o alguno de sus ministros los que ofrecían las ruedas de prensa. Incluso ha rehuido públicamente de las cámaras de televisión, al superar la prima de riesgo los 430 puntos básicos. No. No nos debería extrañar el comportamiento del presidente, cuando ya en la oposición evitaba declarar sobre temas polémicos.

Los motivos para no celebrar el debate sobre el estado de la nación no están justificados. Seis meses de durísimas reformas, vengan de donde vengan, son suficientes para que el gobierno de explicaciones y la oposición pueda presentar propuestas de resolución, las cuales serán debatidas y votadas en la siguiente sesión parlamentaria. Los españoles, representados en los grupos parlamentarios del Congreso, deberían poder votar la aplicación de las medidas, o como en este caso, hacerle saber al gobierno su desacuerdo. Tanto evadir a la prensa y las explicaciones en el periodo más difícil de la economía española solo pueden tener un objetivo: ganar tiempo, para que las reformas hagan el efecto que tienen que tener y demostrar que no estaban equivocados, que su gestión del gobierno ha sido más eficaz y solvente. Ganar tiempo para que la economía se reactive y conseguir los ansiados brotes verdes que tantas veces han predicho y nunca se han llegado a apreciar en la economía de las familias españolas.

@Sandra_Torralba

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